18/02/2021, 15.24
FILIPINAS
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Manila, decretan la expulsión de un misionero holandés

Otto Rudolf De Vries asiste a los trabajadores de la capital desde 1991. Deberá abandonar el país en el término de 30 días. Se le acusa de haber participado en "protestas organizadas por grupos terroristas". La medida está relacionada con la polémica ley anti-terrorismo impulsada por Duterte.

Manila (AsiaNews) - El gobierno filipino canceló el estatus de residente permanente de un misionero laico holandés, y lo intimó a abandonar el país en un plazo de 30 días. La persona afectada por el decreto es Otto Rudolf De Vries, un laico de 62 años de la diócesis de Rotterdam, que desde 1991 trabaja al servicio de la prelatura de Infanta (provincia central de Quezón), ocupándose sobre todo de la defensa de los derechos de los trabajadores. A De Vries se le acusa de haber participado en "actividades políticas ilegales", en particular en algunas manifestaciones promovidas por el Instituto Ecuménico de Educación e Investigación Laboral (EILER) y el Centro Kilusang Mayo Uno ("Movimiento Primero de Mayo"), dos organizaciones que la misma orden de expulsión califica como "partidarias de la guerrilla comunista".

El misionero holandés explicó que no había recibido ninguna notificación del decreto. Se enteró de su existencia recién a principios de este mes, cuando fue a solicitar la renovación de su visado, como todos los años. La revocación de la residencia permanente está fechada el 27 de noviembre del año pasado, pero se refiere a un informe de inteligencia que data de un año atrás. "No he tenido la oportunidad de rebatir estas acusaciones infundadas", protesta De Vries, que durante 20 años ha vivido entre los pobres de Pasig, en las afueras de Manila. El misionero laico colabora regularmente con EILER, una organización comprometida desde hace 40 años en la lucha contra la explotación laboral en Filipinas, especialmente contra el trabajo infantil.

El padre Eric Adoviso, responsable de la pastoral laboral en la Arquidiócesis de Manila, invitó al gobierno a "reconsiderar la decisión" en vista de "la gran contribución" de De Vries respecto a comprender la situación en la que se encuentran muchos trabajadores. Fuentes de AsiaNews en Manila sugieren leer la historia teniendo en cuenta el clima general de sospecha hacia los activistas sociales, creado por la controvertida ley anti-terrorismo aprobada en los últimos meses por el presidente Rodrigo Duterte. Una medida que hoy facilita las acusaciones de terrorismo contra cualquier voz que incomode al gobierno.

En este sentido, cabe recordar el precedente de Sor Patricia Fox, ciudadana australiana, misionera y superiora de las Religiosas de Nuestra Señora de Sión. La mujer también se vio obligada a abandonar Filipinas a finales de 2018, tras 27 años en el país. En aquel momento se acusó a Fox de haber participado en manifestaciones en apoyo de los derechos de los campesinos y los pueblos tribales de Mindanao. Una justificación similar a la que hoy se utiliza para expulsar a De Vries.

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