Manila, Mons. Pabillo: ‘Injustificable’ la guerra a la droga de Duterte

de Santosh Digal

“No es otra cosa que una serie de asesinatos extrajudiciales”. Más de 12 mil víctimas en las operaciones de policía. Tóxico-dependientes y familias, la acción de la Iglesia para la asistencia y la recuperación. Inflados los datos por el gobierno sobre la utilización de drogas en el país.

Manila (AsiaNews)- “El gobierno filipino no tiene ninguna posibilidad moral y derecho político de matar a la gente sobre la base de simples ‘sospechas de droga’. Es cuanto declara a AsiaNews, Mons. Broderick Soncuaco Pabillo, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Manila. “¿Qué es de los derechos inalienables de la gente en defender la propia posición en el contexto de un justo proceso?”, se pregunta el prelado.

Según las últimas estadísticas, más de 12 mil personas murieron en la guerra a la droga iniciada por el presidente Rodrigo Duterte. Ella suscitó fuertes protestas de parte de los líderes de la Iglesia, movimientos de la sociedad civil, grupos de derechos humanos, activistas sociales, periodistas, estudiantes, académicos y personas comunes. También diversas organizaciones internacionales han criticado al gobierno filipino.

La Iglesia filipina se esfuerza de proveer programas de socorro y rehabilitación para las familias cuyos miembros fueron asesinados por la policía durante las operaciones. Desde cuando Duterte se convirtió en presidente en 2016, los datos demuestran que la policía mató a 3.451 “personalidades ligadas a la droga”. Según la policía, más de otras 2 mil personas fueron asesinadas en crímenes de droga y miles asesinadas en circunstancias inexplicables.

Mons. Pabillo reafirma que la policía y las otras agencias gubernamentales no pueden tener mano libre para matar personas al solo “hacer hipótesis” o “dudar” de una posible involucración en crímenes de droga. “Es moralmente y políticamente inexacto”.

“Cualquier persona resulte ser un sospechoso a los ojos del gobierno-prosigue- debe tener la oportunidad de defenderse en un tribunal justo y legal, accediendo al sistema judicial con el debido proceso. El gobierno no puede capturar a las personas con investigaciones y hechos propios”.

En cuanto a las personas marcadas por la tóxico-dependencia, las prioridades del gobierno deberían ser los programas de asistencia y rehabilitación; dar a ellos la posibilidad de vivir en la sociedad con plena dignidad y respeto humanos, en vez de eliminarlos sin piedad y pensar en violar su derecho a la existencia. “La implacable guerra del gobierno contra la droga no es otra cosa que asesinatos extrajudiciales, algo injustificable. No es otra cosa que un “abuso de poder”, declara el obispo.

El presidente filipino sostiene que en el país hay unos 4 millones de drogadictos. La Agencia nacional para la lucha contra la droga afirma que “en una familia sobre 8 hay un drogadicto”-2,5 millones en un país de 20 millones de familias. Sin embargo, el Centro filipino para el periodismo investigativo afirma que un sondeo del gobierno nacional, realizado de diciembre de 2015 a febrero de 2016 sobre un muestra de 5 mil personas, revela que el 94% de los entrevistados “no consuma” o “jamás consumió” substancias estupefacientes.