Katmandú, el nuevo Código penal impone penas a todas las conversiones religiosas

de Christopher Sharma

La normativa fue aprobada por el Parlamento y comenzará a regir a partir de agosto de 2018. Quien sea sorprendido en acciones de proselitismo arriesga ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión; quien ofende el sentimiento religioso deberá pagar una multa y descontar dos años en la cárcel. Líderes religiosos de las minoría denunciar una limitación de la libertad de credo.

Katmandú (AsiaNews) – El Parlamento del Nepal ha aprobado un nuevo Código Penal, que pena todas las conversiones religiosas, así como las actividades de evangelización y proselitismo. La ley se aplica tanto a ciudadanos del país como a extranjeros (por ende, rige para los misioneros) y comenzará a implementarse a partir de agosto de 2018. Dado que la mayoría de la población profesa el hinduismo (más del 80% de los habitantes), las minorías consideran que la normativa apunta a desalentar su propia fe, y, en particular, la difusión del cristianismo. AsiaNews ha recogido los comentarios de varios exponentes cristianos y católicos. Todos afirman que la decisión del Parlamento los ha tomado por sorpresa, y que ahora temen que se produzca una ofensiva contra los propios fieles y la libertad religiosa, libertad que teóricamente es garantizada por la Constitución laica y democrática aprobada en 2015.

Mons. Paul Simick, vicario apostólico del Nepal, lamenta: “No nos esperábamos que el país restringiese las prácticas internacionales. El Nepal ha suscripto varios tratados y convenciones sobre derechos humanos y religiosos. Nosotros hacemos un examen de las verdaderas intenciones de cada persona de buena voluntad que viene a pedir la conversión a un sacerdote. Jamás imponemos la conversión. El miedo ahora deriva de las acusaciones que son dirigidas a los sacerdotes, que no empujan a las personas a convertirse, sino que las ayudan a cumplir los ritos religiosos. Existe la posibilidad de que sea limitado el derecho de los curas a ejercer sus deberes y a practicar su credo. Veremos cómo seguirá desarrollándose esto”.

La nueva ley establece que quien sea “sorprendido in fraganti” mientras desarrolla acciones de proselitismo tendientes a convertir a una persona “o a socavar la religión, la fe o el credo de otra casta, grupo étnico o comunidad”, podrá sufrir penas de detención de hasta cinco años. Además, quien “ofenda el sentimiento religioso” [de otro grupo confesional] podrá ser condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 2.000 rupias nepalesas [cerca de 16 euros, ndr].

En un intento por justificar la norma, Agni Kharel, ministro de Justicia, ha afirmado que “el control también se aplica a los hindúes y a los budistas, no rige sólo para los cristianos”. Pero no concuerda con esto C.B. Gahatraj, presidente de la Christian Federation Nepal, quien sostiene: “El objetivo de este código es controla la libertad religiosa y la libertad de conversión. Condenamos este control, en todas sus formas. Las minorías fueron obligadas a seguir las prácticas tradicionales hindúes. Pero a causa de las discriminaciones y de las opresiones [que sufren], las personas siguen sintiéndose atraídas por el cristianismo”. El líder cristiano denuncia que “los partidos políticos están tratando de controlar el creciente interés de las personas que se convierten al cristianismo”. Luego reafirma: “Nosotros no obligamos a nadie, y al mismo tiempo no pedimos cambiar de religión. Son ellos mismos los que se unen a nosotros, y no podemos negarles el ingreso a la comunidad cristiana”.

Bharat Giri, presidente del AP Christian Party y pastor de la Believers Church [protestante, ndr], agrega: “Es una conspiración contra el incremento de la población cristiana. Pero no detendremos nuestra obra evangélica, que es nuestra tarea de pastores. Dios nos defenderá”.

Nazrul Hussein, quien encabeza un grupo inter-religioso, afirma que “el gobierno no puede limitar la libertad de elección, y de religión a discreción. Estamos en contra de esta medida”.

Dinesh Bhattarai, consejero del primer ministro, insiste en que “la nueva norma será aplicada para controlar las conversiones forzadas o a quien intenta violar los sentimientos religiosos. No busca atacar a una fe o a un fiel en particular”.