Foro de solidaridad nacional: las víctimas de los pogromos de Orissa aún esperan que se haga justicia

En el 2008, la violencia de los nacionalistas hindúes destruyó 395 iglesias y lugares de culto cristianos Adivasis y Dalits; arrasaron con 6500 viviendas. Al menos 100 personas fueron asesinadas; 40 mujeres, violadas, acosadas y humilladas. Vandalizaron y destruyeron escuelas, servicios sociales y centros de salud; a raíz de ello, más de 75.000 personas terminaron desplazadas; en muchos casos, hubo conversiones forzadas al hinduísmo. Hasta ahora, no hay ni un solo criminal en prisión. De las 3.300 denuncias presentadas, solo aceptaron pocos cientos. Muchas familias no consiguen regresar a sus aldeas de origen por miedo a ser asesinadas.

Nueva Delhi (AsiaNews) – Abrir los procesos para 315 casos de violencia; compensar debidamente a los damnificados por las muertes y las devastaciones, tal como exige un decreto de la Corte Suprema; favorecer el desarrollo de las minorías; hacer que sus representantes participen en las decisiones administrativas; cancelar la ley anti-conversión en Orissa y hacer que las religiones sean neutrales ante el Estado. Son algunos de los reclamos de las víctimas de los pogromos de Orissa (ocurridos entre el 2007 y el 2008), contenidos en un llamamiento del Foro de Solidaridad Nacional (National Solidarity Forum, NSF), publicado con ocasión del aniversario de las masacres y destrucciones ocurridas hace 12 años, y que muchas organizaciones conmemoran mañana, 25 de agosto.

En agosto del 2008, a pocos días de la celebración de la independencia de la India, en Orissa se desencadenó una campaña de destrucción contra los cristianos y sus instituciones (iglesias, centros, cooperativas, leprosarios, dispensarios, entre tantos otros). La mecha que desató la violencia fue el asesinato del swami Lakhsamananda Sarasvati, uno de los líderes de VHP (una asociación hindú, nacionalista y extremista). El homicidio enseguida fue atribuido a los cristianos, cuando en realidad fue obra de un grupo maoísta. Para el NSF, “[fue] el mayor ataque sectario organizado en la historia de la India de los últimos tres siglos”.

Uno de los distritos más azotados fue Kandhamal.

El NSF enumera el devastador saldo: 395 iglesias y lugares de culto cristianos Adivasi y Dalit; 6500 viviendas; al menos 100 personas asesinadas; 40 mujeres violadas, acosadas y humilladas; escuelas, servicios sociales, centros de salud destruidos o vandalizados; más de 75.000 personas desplazadas; numerosos casos de conversión al hinduísmo con el uso de la fuerza.

Por los hechos de violencia en Kandhamal, se presentaron 3300 denuncias, pero solo 820 fueron aceptadas por la policía; 518 quedaron registradas; a las demás, se las consideró “falsas”. De los 518 casos, 247 se resolvieron en la justicia; los demás aguardan que se fije el proceso. En cuanto a los casos que avanzaron, la mayoría de los responsables fue declarada inocente. Hasta el momento, no ha ido a prisión ni un solo criminal responsable de la destrucciones. Según el estudio de un asesor de la Corte Suprema, citado por NSF, el porcentaje de sentencias de condena llega al 5,13%. Si se considera el total de denuncias presentadas, el porcentaje es mínimo: apenas el 1%.

El NSF recuerda asimismo que “el 2 de agosto del 2016, la Corte Suprema… declaró que la suma y alcance de las compensaciones no fue satisfactorio”. Además, la Corte consideró “repulsivo” que semejante número “transgresores de la ley” no hayan sido denunciados y ordenó la revisión de los 315 casos de violencia que hasta aquél entonces habían sido rechazados por la policía. “Hasta hoy, - continúa el NSF - los casos no fueron reabiertos, incluso habiendo pasado cuatro años, y esto se debe, en parte, a que la Corte Suprema no fijó ningún plazo para ello”.

Como si esto fuera poco, “hay viviendas, iglesias, instituciones y organizaciones voluntarias, cuyas propiedades fueron destruidas y [cuyos nombres] jamás figuraron en la lista de aquellos que deben ser indemnizados. Hay muchos que todavía deben recibir la compensación por la destrucción de su casa, pese a que hay una orden de la Corte Suprema que obliga a ello. Y hay otras propiedades y negocios de miles de personas que no fueron incluidos en la lista y que tampoco están siendo considerados”.

Por último, el NSF denuncia la inseguridad a la que se ven sometidos los sobrevivientes: “Es realmente una tragedia que luego de 12 años haya cientos de familias para las que es imposible regresar a sus antiguas aldeas por el miedo a perder la vida. Esto tiene un alto costo para su existencia. Los desplazados dentro del distrito viven ahora en nuevas colonias, sin acceso a los recursos para vivir. Los migrantes, que dejaron el distrito para siempre, se encuentran atrapados en la situación de la pandemia de Covid-19. Las viudas y los familiares de los asesinados están librando una batalla legal, pero también una para sobrevivir, porque tienen miedo de las amenazas de los fanáticos”.