Después de los atentados de Surabaya, Yakarta aprueba la nueva ley antiterrorismo
Cualquier personas sea sospechada, puede ser detenida sin una acusación por un máximo de 21 días. La detención antes del proceso se extendió de 180 a 290 días. Numerosas las disposiciones sobre represión y prevención, incluida una base legal para imputar a los militantes del Isis que vuelven de Irak y de Siria.
Yakarta (AsiaNews/Agenzie) – A casi dos semanas de distancia de los atentados a las iglesias cristianas de Surabaya (Java del Este) y después de años de discusión, el Parlamento indonesio aprobó una revisión de la ley sobre el terrorismo. Esta substituye la vigente norma, en vigor desde 2003, y permite a las autoridades efectuar arrestos preventivos y detener sospechosos terroristas por más tiempo, basándose sólo sobre indicios.
Cualquiera sea sospechoso de planificar un ataque terrorista, puede ahora ser detenido sin alguna acusación por un máximo de 21 días. La decisión extiende el actual límite de 7 días. En el pasado, esto había obligado a los investigadores de la policía a liberar a los sospechosos mientras todavía estaban en curso las investigaciones y la formulación de las acusaciones, antes de una detención definitiva. Ésta ahora se extiende de 180 a 290 días, 200 de los cuales serán destinados a los investigadores para preparar un fascículo de investigación. A los fiscales se les concederán 90 días para preparar una acusación para presentar en el tribunal. La nueva normativa forma parte de los amplios cambios a la ley antiterrorismo indonesia, que el presidente Joko Widodo propuso al inicio de 2016. La decisión fue acelerada después de los atentados suicidas del 13 de mayo contra la comunidad cristiana de la capital de Java del Este, realizados por los militantes de Jamaah Ansharud Daulah (JAD) y reivindicados por el Estado islámico (ISIS).
La nueva ley castiga a quien sea miembro de un grupo declarado “organización terrorista” por un tribunal, aunque si la persona no haya cometido un hecho concreto de planificación, ni realizado un ataque. “Cualquiera sea miembro o reclute a otras personas-establece la normativa-arriesga un mínimo de 2 y un máximo de 7 años de cárcel. Fundadores, dirigentes, funcionarios o cualquiera controle una organización tendrá un mínimo de 3 a un máximo de 12 años”. El texto aprobado incluye también numerosas disposiciones sobre represión y prevención del terrorismo, incluida una base legal para imputar a los militantes de ISIS que vuelven de Irak y Siria.
