Consideradas dos leyes en favor de las minorías y en contra de las conversiones forzadas en Pakistán

de Peter Jacob

Se trata del proyecto de ley que crea una "Comisión para los derechos de las minorías" y la "Ley para la Protección de las Minorías 2016". Esta última admite entre los delitos las conversiones forzadas. Los promotores son "conscientes de los problemas sociales", tales como las conversiones extraídas a los hindúes y las mujeres cristianas que son secuestradas, violadas y esclavizadas por los musulmanes.

Islamabad (AsiaNews) - En septiembre, la Asamblea Nacional ha aceptado discutir dos proyectos de ley que abordan la delicada cuestión de las minorías religiosas, que se podría traducir en ley por el Parlamento. Uno se refiere a la creación de una "Comisión para los derechos de las minorías en Pakistán"; la otra es la "Ley para la Protección de las Minorías 2016", que define como un crimen las conversiones forzadas.

La ley de creación de la Comisión sienta las bases para una institución independiente, autorizada para resolver sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos. Por ejemplo, incluye un cuerpo formado por 11 miembros de diferentes religiones, grupos étnicos, género y edad, y lo más importante, no excluyendo a los miembros que representan a la comunidad mayoritaria. Todo esto debido a que el objetivo es integrar la ciudadanía para superar las divisiones religiosas. Así como representativa, la Comisión debería ser un órgano eficaz para reducir violaciones de los derechos humanos: una cuestión que se encuentra en cualquier régimen de la ley, y no sólo en su composición.

Se espera que en los debates parlamentarios y la sociedad civil tenga en cuenta hacer frente a cualquier defecto y hacer que el proyecto de ley sea digna de sentar las bases de esta institución esperando durante mucho tiempo. Por ejemplo, la sección 25 del proyecto de ley indica en un año el plazo dado a la comisión para poner de relieve las dificultades que deben ser removidos para cumplir las funciones, teniendo en cuenta los objetivos. Una cláusula transitoria podría ser un obstáculo para los poderes procesales de una institución que está evolucionando. Esto se debe extender al respeto de los derechos humanos en un ambiente hostil. Por lo tanto, estos límites deben ser eliminados. También se sugirió que la realización de la igualdad de derechos entre los ciudadanos requiere una mención precisa de los objetivos de la Comisión.

El proyecto de ley que aborda el tema de las conversiones forzadas es un proyecto bien estructurado. Tomemos la sección 4, que establece que "un niño que quiere cambiar su religión antes de que hayan alcanzado la mayoría de edad (18 años) no debe ser juzgado por su propuesta para cambiar las creencias y no se deben tomar medidas contra él por esta declaración o acción realizada por el menor". En dos frases, aunque hay un margen de apreciación para la realidad concreta, la sección cumple los requisitos de dos principios del derecho internacional: la libertad de religión y de creencias y el interés superior del niño.

Parece que los redactores de la ley son conscientes de la cantidad de casos de conversiones forzadas que afectan a los niños, por lo general mujeres secuestradas, violadas y obligadas a casarse y y finalmente reducidas a la esclavitud. Además, existe la amenaza de ser acusado de apostasía en el caso en que una persona convertida a la fuerza se retracte más tarde. Tales violaciones relacionados con el abuso de la religión alimenta los procesos sociales del extremismo religioso más amplio y la exclusión de las minorías. Por lo tanto, el proyecto de ley es un desarrollo bien recibido.

Las leyes contra las conversiones forzadas en Sri Lanka y algunos Estados de la India son impulsados por el temor de la comunidad mayoritaria de perder sus miembros con el aumento de las religiones minoritarias. Pakistán no corre este peligro. La composición demográfica de Pakistán sugiere la necesidad de preservar sus minorías religiosas en declive.

Sanjay Pervani, promotor del diseño de la ley y sus asesores legales merecen ser elogiados por su trabajo duro, como por haber entendido los diferentes matices de los asuntos internos de las leyes nacionales e internacionales.

En febrero, cuando se presentó el Plan de Acción para los Derechos Humanos, el gobierno federal se ha comprometido a avanzar en la legislación relativa a la creación de una Comisión Nacional para las Minorías. De hecho, el gobierno ya había desobedecido la orden del Tribunal Supremo de 2014, lo que le obligaba a formar un consejo para vigilar el respeto de los derechos de las minorías y la formación de una línea política.

Ahora que la oposición se muestra dispuesto a compartir esta elección, el gobierno debe aprovechar la oportunidad de una rápida aprobación del proyecto de ley. Pakistán ya está cerrando la marcha respecto a otros países de la región asiática. Además, las instituciones de derechos humanos muestran un enorme potencial de ayuda a los países en la transición o en las reformas socio-políticos.

No obstante todas las dificultades, los últimos Comisiones nacionales y provinciales sobre la Condición de la Mujer y los Comités sobre el derecho a la información se han hecho importantes avances en sus respectivas áreas. La institucionalización de los derechos de las minorías no sólo rehabilitan las minorías como "iguales", sino que también puede contrarrestar el desequilibrio y la discriminación por motivos de religión. El siguiente paso será hacer normas apropiadas y oportunas, lo cual es un reto debido a la falta de recursos humanos competentes.