Rangún: los militares ahora quieren vacunar a los rohinyás contra el Covid

"Ellos también son nuestro pueblo", dijo el vocero del Tatmadaw, refiriéndose a la minoría musulmana, víctima de la violencia del ejército birmano en los últimos años. El jefe de la Junta militar, Min Aung Hlaing, aprobó una ley contra los crímenes de genocidio. Los opositores al golpe temen que sea utilizada en su contra.


Rangún (AsiaNew/Agencias) - Los rohinyás también recibirán vacunas contra el Covid-19.  El anuncio fue dado hoy por un vocero de la Junta militar de Myanmar, Zaw Min Tun, quien agregó que nadie quedará excluido de la campaña de vacunación.

Zaw Min Tun afirmó asimismo que el país avanza en la reducción del número de contagios. En el día de ayer se reportaron 2.635 casos nuevos y 113 muertos, pero los médicos birmanos sostienen desde hace tiempo que las cifras sobre la difusión del coronavirus que reporta el Tatmadaw (el ejército birmano, que tomó el poder con un golpe de Estado el primero de febrero) son inferiores a los datos reales. Según el testimonio de algunos voluntarios, los crematorios nunca dejan de funcionar. Hasta ahora, sólo el 3% de la población birmana ha completado el ciclo de vacunación.

"Ellos también son nuestro pueblo", dijo Zaw Min Tun durante la conferencia de prensa, utilizando el término "bengalíes" para referirse a los rohinyás musulmanes. La mayoría budista considera a los rohinyás como inmigrantes ilegales procedentes de Bangladés, y cientos de miles permanecen en el país como apátridas.

En 2017, al menos 700.000 rohinyás huyeron al vecino Bangladés para escapar de la violencia del ejército comandado por Min Aung Hlaing. El general y actual jefe de la junta militar que conduce el país, ayer aprobó una ley contra los crímenes de genocidio. Los opositores al golpe de Estado, que combaten desde la resistencia, temen que la normativa sea utilizada en su contra. La ley castiga los homicidios y delitos cometidos “con miras a eliminar, parcial o totalmente” un grupo étnico, racial o religioso. 

En 2017, las Naciones Unidas señalaron que las operaciones de ejército tenían por objetivo el genocidio de los rohinyás. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una causa judicial contra Myanmar y en el mes de enero 2020 exigió que se tomaran medidas para detener la violencia contra la minoría musulmana. En ese momento aún ocupaba el sillón presidencial la líder de la Liga Nacional por la Democracia, Aung San Suu Kyi.

Según el abogado Kyi Myint, la jugada del régimen es un subterfugio para “engañar” a la comunidad internacional. Por su parte, Thein Oo, el ministro de Justicia del gobierno tras las sombras, sospecha que la normativa será utilizada para atacar a los grupos de la resistencia armada y acusarlos de genocidio.