Numerosas familias continúan evacuadas, sin poder acceder a medios de sustento. Los militares explotan los terrenos de los cuales se han apoderado de manera ilegal y agreden a las mujeres. El informe publicado por dos organizaciones de la sociedad civil pide al gobierno respetar las indicaciones de la ONU.
Colombo (AsiaNews)- “Nueve años después del fin de la guerra civil en Sri Lanka, el ejército aún hace que sea difícil el retorno a una vida cotidiana sostenible para la comunidad Tamil de Vanni”. Estas son las conclusiones del informe The Vanni: Civilian Land under Military Occupation. Displacement, Resettlement, Protests, presentado este mes en Ginebra, después de una primera presentación en Sri Lanka, por parte de la Society for Threatened Peoples (STP) y del National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), en Colombo, el 28 de febrero pasado.
Vanni es una provincia situada en el norte del país, donde las fuerzas militares aún siguen ocupando una amplia área de territorio, utilizándola para varios fines, incluso económicos. Por este motivo, hay numerosas personas que aún siguen viéndose impedidad de regresar a las tierras de sus ancestros, habiendo perdido su tradicional medio de sustenton, como campesinos y pescadores, para los cuales el acceso directo al agua y a los terrenos resulta crucial para su autosuficiencia.
En el informe, las 2 organizaciones piden al gobierno que se proceda a la desmilitarización del área de Vanni, la interrupción de las actividades comerciales de los militares, que se asegure elderecho a la tierra para todos los evacuados a través de la liberación de las zonas ocupadas y del acceso al agua para todas las comunidades tamiles.
En 2017, varias comunidades locales se manifestaron durante meses, tratando de sensibilizar a la sociedad sobre la situación que atraviesan. En algunas áreas, la protesta tuvo éxito, y se logró la restitución de los terrenos ocupados. Pero, también en ese caso se trató de una victoria a medias: varios habitantes volvieron a infraestructuras destruidas y a zona rurales privadas del agua, tannecesaria para la agricultura. En ciertas zonas de Vanni, las protestas continúan todavía hoy, mientras que las promesas de restituir los terrenos por parte de las autoridades siguen desatendidas.
El informe denuncia que el ejército adquirió los terrenos de manera ilegal, sin seguir los procedimientos oficiales y sin notificar a las comunidades: “simplemente se apoderaron de los terrenos al terminar la guerra, en contraste con lo previsto por el marco de referencia legal”. Los redactores afirman, además, que la situación expone a las mujeres y a las jóvenes a una situación de máxima vulnerabilidad, porque el gobierno no les asegura su “integridad física” y ellas a menudo son objeto de episodios de violencia de género, pepetrados por manos de las fuerzas de seguridad, y en “muchos casos ni siquiera son denunciados, a causa de la marca social y del miedo a las represalias”.
En conclusión, el informe denuncia una “significativa brecha entre la retórica del gobierno sobre la reconciliación y la realidad que rige actualmente en el terreno” y se apela a las autoridades, a fin de que éstas “apliquen las recomendaciones de la resolución del UNHRC (Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, ndr) del 30/1 sobre la promoción de la reconciliación, la transparencia y los derechos humanos en Sri Lanka".